Cada Septiembre se enciende la alerta: LA BATALLA POR PUNTA PEUCO, EL PENAL DÓNDE YA HAN MUERTO 60 CONDENADOS

"Tengo el honor de no conocer Punta Peuco porque nunca he ido a visitar a una de esas bestias salvajes que están ahí".
Lo dijo el miércoles 6 de septiembre el diputado socialista Tomás de Rementería, en la agitada sesión convocada en la Cámara por el PC, el Frente Amplio y algunos socialistas, para pedir al Presidente Boric que cierre ese penal.
Esas "bestias salvajes", como las llamó el parlamentario, son 133 adultos mayores vigilados por gendarmes.
La cárcel se abrió en 1995 para que ingresa- ran a cumplir condena el exjefe de la Dina, Manuel Contreras, y el exbrigadier Pedro Espinoza, quienes se convirtieron en los prime- ros presos uniformados en ese recinto que olía a pintura fresca cuando entraron. En octubre cumplirá 28 años de existencia y nadie se ha escapado de ahí.
Ese penal, que periódicamente se ve amenazado por el cierre, este mes vuelve a encender la alerta.
EL INTENTO DE MICHELLE BACHELET
El Presidente Gabriel Boric dijo que "una medida así no se anuncia; se hace".
Es lo que pretendió hacer la ex presidenta Michelle Bachelet en su segundo gobierno, horas antes de traspasarle la banda presidencial a Sebastián Piñera en marzo de 2018.
Pero su ministro de Justicia, el abogado PR Jaime Campos, se negó "en conciencia" a firmar el decreto explicándole que sería un acto ilegal y que ambos podrían ser objeto de una acusación constitucional por hacerlo cuando ya se habían cerrado las oficinas para dar paso al Presidente entrante.
PIÑERA CERRÓ CORDILLERA, QUE ABRIÓ LAGOS
Sin avisar, el ex presidente Sebastián Piñera cerró en su primer gobierno otro centro de cumplimiento penitenciario para uniformados condenados por DD.HH., en septiembre de 2013. Ocurrió días después de que el interno Contreras diera una entrevista en CNN desde el penal Cordillera, donde dijo que "esto no es una cárcel", que al gendarme que lo custodiaba "lo tengo aquí para que me tenga el bastón".
El centro Cordillera se había abierto en 2004 en Peñalolén, por decreto del entonces presidente Ricardo Lagos, para descomprimir Punta Peuco que estaba de tope a tope. Cuando los sacaron de ahí, había 10 presos en cabañas, en un recinto de cuidados y amplios jardines. Entre ellos se encontraba el propio Manuel Contreras, que después de cumplir condena en Punta Peuco hasta 2001 por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier en Washington, tras cuatro años volvió a ser condenado por otros crímenes de lesa humanidad e ingresó a ese recinto de Peñalolén; retornó-tras el cierre- al penal de Tiltil.
Murió en agosto de 2015, acumulando 529 años de condena. Pedro Espinoza es el preso más antiguo.
El expresidente no tocó Punta Peuco, cuyos protagonistas en su creación mantuvieron reserva durante años sobre lo que significó abrir la cárcel para uniformados acusados por delitos contra los derechos humanos perpetrados durante el régimen militar.
LA PRIMERA GRAN HISTORIA
Fue el arquitecto socialista Claudio Martínez, director nacional de Gendarmería en esos años, quien reveló en 2019, en su libro "Punta Peuco, la historia desconocida", la crisis cívico-militar que se evitó durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle logrando construir un penal en tiempo récord y llevando finalmente a ex jefes de la Dina a cumplir la sentencia que en primera instancia dictó el ministro Adolfo Bañados, en noviembre de 1993, y que confirmó después la Corte Suprema.
A las tres horas de conocerse la condena suprema, el 18 de mayo de 1995, Manuel Contreras decía en una entrevista televisiva que no iría a la cárcel ni un solo día. Luego de lo cual, se parapetó con guardia armada en su fundo de Fresia, en la Región de Los Lagos.
"Era inviable que (Contreras y Espinoza) cumplieran sus condenas en cárceles comunes, ya sea por razones de seguridad penitenciaria como por la enorme desconfianza que generaba la sola idea en las Fuerzas Armadas (...). Finalmente, lo que se ha denominado una cárcel segregada también sería una cárcel común, pues sería administrada integral- mente por Gendarmería con mando y jerarquía sobre ella", relata Martínez. Dice que "el Ejército aspiraba a una cárcel especial, con un régimen que respondiera a los códigos de las FF.AA., administrada por ellos".
El penal de Punta Peuco aún no estaba totalmente terminado cuando, a las 4 de la madrugada del 12 de junio, Contreras salió por un acceso secundario de su fundo e ingresó al Regimiento Sangra, que abandonó 11 horas después. Pero la trama no había terminado. Al día siguiente aborda un helicóptero y 24 horas más tarde aparece en el Hospital Naval de Talcahuano. Martínez, impelido por el ministro Bañados, llega personalmente el día 29 a la Base Naval a comunicarle que desde ese momento empieza a cumplir su condena y que ha pasado a depender de Gendarmería.
Contreras presenta recurso de protección por enfermedad y sigue en el Hospital Naval. Negociaciones secretas van y vienen. Hasta que el 10 de octubre la Suprema rechaza. El 20 de ese mes, Martínez recibe un llamado de Soledad Alvear, que le dice: "Hoy es el día"
SOLEDAD ALVEAR: "TODO POR LA DEMOCRACIA"
A la una de la madrugada del 21 de octubre de 1995, el exjefe de la Dina y de la CNI entró a cumplir sentencia en Punta Peuco, donde había un único interno: el brigadier Pedro Espinoza quien, dado de baja, había llegado antes.
"Esto fue una verdadera hazaña y, finalmente, fuimos el primer país que logró meter preso al jefe de la policía política del régimen militar", dice hoy la exministra Soledad Alvear, quien era responsable ante el Presidente de que la cárcel estuviera lista y que ahí quedaran recluidos.
"Fue tremendo, especialmente el operativo de traslado". Había opositores de lado y lado: unos, grupos armados que querían verlo muerto y "podrían haber hecho algún atentado", y otros, uniformados que no querían que estuviera preso. "Él fue refugiándose en distintos lugares para no cumplir la sentencia. Y aunque en un momento para todo el mundo se suponía que estaba desaparecido, la verdad es que no fue así. Yo tenía un control absoluto de lo que estaba ocurriendo, pero debía mantener reserva".
Paralelamente se sumaba, como una más, a finiquitar los detalles que faltaban en la cárcel... incluso los del baño que ocuparía Contreras, con cáncer al colon y colostomía. "Había visto que, cuando él dio una conferencia de prensa diciendo que no iba a ir preso, se veía una cortina floreada en su casa. Eso debe ser de su gusto, pensé. Y partimos a comprar una cortina floreada para su ducha. Todo para mantener la democracia".
Explica: "Nosotros teníamos el deber de hacer cumplir la sentencia judicial, y la obligación de proteger los derechos humanos de esta gente para que llegara a la cárcel, resguardando su vida y su salud. Había que tener mucha sangre fría. Al Presidente le dije 'no le voy a contar nada hasta que (Contreras) esté en la cárcel'. Y confió. Siempre dijo que todos los chilenos debían cumplir la ley y ese fue mi objetivo, porque si no lo hacíamos, poníamos en juego la democracia".
QUE SE CIERRA... QUE NO SE CIERRA
Parlamentarios del PC como Lautaro Carmona y Lorena Pizarro insistieron este mes en el cierre de Punta Peuco. Ya el 22 de agosto un grupo de diputados de la izquierda planteó la iniciativa de pedirle a Boric que sacaran a los internos y los trasladaran a Colina 1, e instalar en ese recinto a mujeres embaraza- das o con hijos pequeños, cuestión que apro- baron ellos mismos en una agitada y disruptiva sesión el miércoles 6.
La abogada Carla Fernández, que representa a algunos reos de ese penal, dijo que ese fundamento basado en una supuesta "discriminación positiva" en favor de las madres embarazadas sería aceptable si con ella no se vulneran los derechos de otro grupo más vulnerable. "La vulnerabilidad de la mujer embarazada privada de libertad es una fragilidad temporal, que termina con el parto, y la indefensión relacionada al cuidado del hijo menor expira cuando el pequeño cumple una edad determinada. En cambio, la vulnerabilidad de la vejez y enfermedad es progresiva, en especial en cárceles carentes de infraestructura médica ad hoc, y solo termina con la muerte de la persona".
Remató: "Punta Peuco es en los hechos un asilo de ancianos, que se ayudan en sus limitaciones entre ellos, que están vigilados por gendarmes que a veces, por falta de apoyo logístico, no los llevan a sus consultas médicas. Y que, con todo, han convertido ese recinto en su hogar".
El ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que el hacinamiento carcelario impide cerrar el penal. Abundó en ello su subsecretario, Jaime Gajardo: "El Estado de Chile no está en condiciones de cerrar ningún establecimiento penitenciario; es más, estamos reabriendo algunos que estaban en desuso". Y agregó un dato revelador: en la capital hay solo unas 30 mujeres internas embarazadas o con hijos menores de dos años.
JUSTICIA, VENGANZA Y CONMISERACIÓN
En Tiltil hay 133 reclusos. Ya han fallecido 60 desde 2013. Entre ellos, el ex agente Dina Marcelo Moren Brito, condenado en los casos Caravana de la muerte y Víctor Jara.
Y el general (r) Héctor Orozco Sepúlveda, que llegó a Punta Peuco al oscurecer de un lunes de agosto de 2017, a los 89 años, en pijama, escoltado por funcionarios de la PDI, sin darse cuenta de lo que ocurría, con demencia senil. Falleció en 2020 con covid. El ministro Jaime Arancibia lo condenó por el homicidio de Rigoberto Achú y Absalón Wegner en San Felipe en diciembre de 1973, cuando comandaba el Regimiento de Infantería N° 3. El mis- mo ministro dijo a este diario el 3 de septiembre de 2017 que "en muchos casos ellos no reconocen participación alguna. Al no hacerlo, toda la construcción condenatoria se basa en presunciones judiciales". Su hermano, el doctor René Orozco, expresidente de la "U", replicó entonces que "esto no es justicia, es venganza".
El mismo 11 de esta semana, 27 internos de Punta Peuco hicieron pública una carta pidiendo conmiseración para "nuestros fieles subalternos". Dicen que esperaron en vano 33 años para que sus superiores asumieran la responsabilidad de sus órdenes. Por eso, "venimos hoy en asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados".
